Fuente: Madrid/Geoscopio.
La aplicación de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, conocida por las siglas IPPC, correspondientes a su título en inglés contribuirá a incrementar la competitividad empresarial, proteger el medio ambiente en su conjunto y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Las Cortes Generales han aprobado hoy esta ley cuyo objetivo es, prevenir, evitar, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo, provocada por determinadas actividades industriales, mediante un sistema de prevención y control integrados de la contaminación.
Esta norma traspone la Directiva 96/61/CE relativa a la prevención y control integrado de la contaminación y se incorporan también los principios básicos de la Directiva 1999/13/CE, de compuestos orgánicos volátiles.
La finalidad de la ley es alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, para evitar que el control de emisiones por separado contribuya a que la contaminación se transfiera de un medio a otro y conseguir la mejora de la calidad del medio ambiente general.
El número de empresas afectadas por esta ley se estima en cerca de 4.000centros productivos. Por sectores, los más afectados son el agroalimentario (42 por ciento), el químico (21,3 por ciento), el de industrias minerales (10,7 por ciento) y el de producción y transformación de metales (9,2 por ciento).
La ley crea la figura de la autorización ambiental integrada que coordina los permisos y controles ambientales anteriores, lo que da lugar a una ventanilla única ambiental. España es uno de los Estados Miembros en los que intervienen más autoridades en la concesión de la autorización ambiental.
La autorización ambiental integrada se concederá por un plazo máximo de ocho años, transcurrido el cual deberá ser renovada. Las instalaciones existentes gozarán de un periodo de adaptación a las condiciones ambientales exigidas hasta octubre de 2007.
Para otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano competente deberá tener en cuenta que en el funcionamiento de las instalaciones se adopten las medidas adecuadas para prevenir la contaminación. Las industrias deberán adaptar tecnologías más eficaces en la protección del medio ambiente en su conjunto.
Las instalaciones para obtener el permiso deberán evitar la producción de residuos y si esto no fuera posible deberán gestionarlos preferentemente mediante valorización. Asimismo, tendrán que realizar un uso eficiente de la energía, las materias primas y otros recursos, así como prevenir los accidentes graves y limitar sus consecuencias sobre la salud de las personas y el medio ambiente. También se deberán tener en cuenta medidas para evitar la contaminación cuando finalice la actividad de la instalación y que el lugar donde se ubique quede en estado ambientalmente satisfactorio.
Las Comunidades Autónomas deberán disponer de información, en cada una de las instalaciones industriales, de las emisiones, los focos de las mismas, los valores límites de emisión y las mejores técnicas disponibles aplicadas. Estos datos serán remitidos al Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del Inventario Estatal de Emisiones (eper-es.com) y su comunicación a la Comisión Europea a efectos de la elaboración del Inventario Europeo de Emisiones Contaminantes.
La Ley contiene un régimen específico de infracciones muy graves, graves y leves y sus respectivas sanciones, sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, pudieran establecer las Comunidades Autónomas y del régimen sancionador previsto en la normativa sectorial aplicable.
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