En la nueva directiva se obliga a los Estados miembros a alcanzar objetivos cuantificables en 2010. Precisamente, uno de los principales objetivos del Parlamento era conseguir que los límites para el 2010 fueran vinculantes.

Como consecuencia, desde el 2010 los Estados miembros habrán de garantizar que la concentración de ozono no sobrepasa los 120 m g/m3 (el nivel máximo propuesto por la OMS) más de 25 días cada año.

La directiva, en línea con lo demandado por el Parlamento, también asegura una protección especial para grupos sensibles de la población, requiere a los Estados miembros tomar medidas para zonas donde exista el riesgo de que el umbral de alerta se sobrepase, prevé una comparación entre las actuaciones de los Estados miembros y les exige información sobre el impacto del incumplimiento de los objetivos.